El 11 de junio de 2026, México inauguró su tercer Mundial de la FIFA. Las autoridades estiman que el torneo generará entre 1,000 y 3,000 millones de dólares estadounidenses en ingresos turísticos y que el país se ubicará entre los cinco destinos más visitados del mundo este año. Es una buena historia. Pero detrás de ella hay una pregunta mucho más difícil que casi nadie en el gobierno ha querido responder de forma directa: ¿cuánto nos cuesta realmente, quién paga la cuenta y quién obtiene los beneficios?
El acuerdo que nadie votó
La exención fiscal para el Mundial no comenzó con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se firmó en enero de 2018, durante el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, como parte de las llamadas “Garantías Gubernamentales” que la FIFA exige a los países que buscan ser sede del torneo.
La Garantía No. 3 comprometía a México a otorgar a la FIFA, sus subsidiarias, federaciones, patrocinadores, proveedores y cualquier otra entidad vinculada con la organización del Mundial una exención total de impuestos federales y locales. Originalmente, esa garantía estaría vigente hasta 2028, es decir, una década completa de beneficios fiscales para un evento de apenas 39 días.
México fue el único de los tres países anfitriones en ofrecer una concesión de ese alcance. Canadá limitó sus beneficios principalmente a impuestos de importación. Estados Unidos nunca concedió una exención fiscal federal. En cambio, la FIFA tuvo que negociar ciudad por ciudad con las once sedes estadounidenses. Abogados fiscalistas mexicanos que han hablado con la prensa han sido claros al explicar la diferencia: México no podía competir con la infraestructura que ofrecían Canadá y Estados Unidos, así que compitió con su sistema fiscal.
¿Un mejor acuerdo o solo una mejor imagen?
Cuando el gobierno de Sheinbaum asumió el poder, renegoció las condiciones. Las autoridades presentan el resultado como un logro importante: la vigencia de la exención pasó de un posible periodo de diez años a un solo ejercicio fiscal, únicamente 2026, y su alcance se redujo para aplicarse solo a las personas y entidades que la FIFA acredite formalmente como organizadoras directas del torneo.
El gobierno también ha sido claro en otro punto: no se trató de un nuevo acto de generosidad, sino de corregir un compromiso heredado que, según ha explicado, ya no podía revertirse sin exponerse a años de litigios con la FIFA.
Eso representa un avance, al menos sobre el papel. El problema es que una reducción solo tiene sentido cuando sabemos con qué la estamos comparando. Pasar de diez años a uno suena como una reducción del 90 %. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos por patrocinios, venta de boletos, derechos de transmisión y contratos de servicios se concentra precisamente en el año en que se celebra el torneo. Es posible que pasar de “10 años a 1” represente una reducción mucho menor de lo que parece y que el cambio sea más simbólico que económico.
Solo hay una manera de saber cuál de esas dos versiones es la correcta: publicar la cifra.
La cifra que falta
México cuenta con una herramienta diseñada precisamente para eso. Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica el Documento de Renuncias Recaudatorias (DRR), un informe que estima cuánto deja de recaudar el gobierno debido a exenciones y otros beneficios fiscales.
La misma ley que concede la exención para el Mundial también obliga a publicar ese informe. El artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 establece que la SHCP debe publicarlo a más tardar el 30 de junio e incluir, para cada beneficio fiscal, su costo estimado, fundamento legal, beneficiarios, metodología y justificación económica y social. El artículo 27 va todavía más lejos al señalar expresamente que el costo de todo estímulo fiscal “deberá especificarse” en ese documento.
La propia exención aparece en el Transitorio Vigésimo Quinto de la misma ley. Se aplica a las personas físicas y morales, mexicanas y extranjeras, que la FIFA acredite como participantes directos en la organización del torneo. Además, la ley obliga a la subsidiaria mexicana de la FIFA a identificar a esos beneficiarios y reportarlos al SAT.
El DRR de este año estima que el gobierno dejará de recaudar 1.67 billones de pesos por concepto de beneficios fiscales federales. Sin embargo, la exención relacionada con el Mundial no aparece en el informe.
Cuando un periodista preguntó a la oficina de prensa de la SHCP por qué faltaba esa información, la respuesta fue que “lo revisarían”. No fue una negativa ni una afirmación de que exista alguna excepción legal para no divulgar el dato. Simplemente quedó una pregunta sin respuesta frente a una ley que, según su propio texto, exige que esa información esté disponible desde el 30 de junio.
¿Se trata de un ocultamiento deliberado, de inercia burocrática o de una estimación realmente compleja debido a que la exención depende de las listas mensuales de personas y empresas acreditadas por la FIFA? Todas son posibilidades razonables. Pero, independientemente del motivo, el patrón merece ser señalado. Un gobierno que ha destacado públicamente la renegociación de un mal acuerdo utiliza el mecanismo de transparencia previsto para prácticamente todos los demás beneficios fiscales, excepto para el dato que permitiría evaluar cuánto cambió realmente ese acuerdo.
Por qué esto trata, en realidad, de transparencia
Que la exención fiscal para el Mundial haya sido una buena o mala decisión es, en última instancia, un juicio político. Los gobiernos recurren con frecuencia a incentivos fiscales para atraer inversiones, grandes eventos o sectores que consideran beneficiosos para la economía. Es normal que existan opiniones distintas sobre si esas decisiones valen la pena.
La pregunta aquí es otra. Si el gobierno decide dejar de recaudar recursos públicos para alcanzar un objetivo de política pública, también debería informar cuánto cuesta esa decisión. Ese es precisamente el propósito del sistema mexicano de reporte de beneficios fiscales. Permite que los contribuyentes sepan qué exenciones existen, quiénes se benefician de ellas y cuánto dinero ha decidido dejar de recaudar el gobierno.
La exención del Mundial es inusual porque su fundamento legal es público, pero su costo no. El gobierno ha destacado las mejoras que logró al renegociar el acuerdo original, pero no ha publicado la cifra que permitiría evaluar qué tan importantes fueron realmente esos cambios.
La transparencia importa porque las exenciones fiscales también son decisiones de política pública. Cada peso que el gobierno decide no recaudar es tan importante como cada peso que decide gastar. La ciudadanía no tiene que estar de acuerdo con todas las exenciones, pero sí debería poder conocer su costo y valorar si los beneficios esperados las justifican.
Entonces, ¿quién se está beneficiando?
Antes de decidir si la exención estaba justificada, la ciudadanía debería saber quiénes se benefician de ella. El beneficiario más evidente es la FIFA, que opera en gran medida exenta de impuestos en México sobre los ingresos cubiertos por el acuerdo del torneo.
Sin embargo, el Mundial es mucho más que la FIFA. Detrás del torneo existe una amplia red comercial integrada por marcas conocidas por prácticamente todos los hogares mexicanos, entre ellas Coca-Cola, McDonald’s, Visa, Adidas, Sabritas (Frito-Lay), Corona, Modelo, The Home Depot y Airbnb. Estas empresas financian el torneo mediante acuerdos de patrocinio, alianzas comerciales y derechos comerciales.
Formar parte de la red comercial de la FIFA no significa automáticamente que una empresa tenga derecho a la exención fiscal en México. El beneficio solo aplica a las personas y entidades que la FIFA acredita formalmente como participantes directos en la organización del torneo y que reporta al SAT. Conforme a la ley, esa lista es elaborada y actualizada mensualmente por la subsidiaria mexicana de la FIFA. Como la propia FIFA administra y actualiza esa información cada mes, resulta difícil para el público saber con precisión qué personas o empresas están recibiendo el beneficio en un momento determinado.
Los hoteles, restaurantes y empresas de transporte mexicanas también obtendrán beneficios del Mundial. La Secretaría de Turismo estima que el gasto de los visitantes podría generar entre 1,000 y 3,000 millones de dólares estadounidenses para la economía. A diferencia de los socios comerciales de la FIFA, sin embargo, estos negocios nacionales siguen sujetos al régimen fiscal mexicano.
Los contribuyentes mexicanos están financiando las carreteras, los operativos de seguridad y las mejoras al transporte que hacen posible el torneo. Muchos nunca podrán pagar un boleto para asistir a los partidos que se jugarán en los estadios que ayudaron a financiar. El costo público de organizar el Mundial es visible, está documentado y tiene una fuente de financiamiento. El costo de exentar del pago de impuestos a algunas de las organizaciones deportivas y comerciales más ricas del mundo sigue sin hacerse público.
No puede haber un debate público informado cuando una parte de la información sigue oculta. Los mexicanos pueden ver cuánto se está gastando en el Mundial. Lo que todavía no pueden ver es cuánto ha decidido dejar de recaudar el gobierno.
Transparencia en el uso de la IA: El autor definió todos los conceptos clave, la dirección y los parámetros de este trabajo. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Claude y Gemini, en la investigación, edición y traducción de este artículo. Todo el contenido fue revisado, verificado y editado minuciosamente por el autor, quien mantuvo el control editorial y la toma de decisiones finales en todo momento.
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